(Por: Rubén Lasagno) – En la aviación está estipulado internacionalmente que una máquina en carreteo para el despegue tiene un punto en el cual el comandante debe decidir si despega o desacelera y frena. Se llama posición V1. El gobierno nacional está exactamente en ese punto y el presidente Javier Milei debe decidir si se detiene para chequear nuevamente el avión o si tira del timón y se eleva sin reparar en las alarmas sociales que suenan a su alrededor.
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Cuando el discurso político choca de frente con los datos fácticos y la realidad cotidiana de la calle, el riesgo de una crisis de representación se dispara y esta regla no escrita es la que se aplica de facto en nuestra realidad nacional. A casi tres años de gestión, el gobierno de Javier Milei enfrenta una tormenta perfecta que amenaza con cruzar de forma inminente esa línea de no retorno.
El espejismo macroeconómico
El gobierno se sostiene hoy sobre una estabilidad macroeconómica que no se traduce en alivio social porque la ausencia “de un derrame” real en los sectores populares está rompiendo el pilar de tolerancia del electorado que puso a La Libertad Avanza en la gestión presidencial.
Según mediciones recientes, el 58,9% de la sociedad percibe que la economía está empeorando, lo que empujó la imagen negativa del presidente por encima del 57%. Este desgaste estructural crónico vuelve al votante mucho más susceptible y menos permisivo ante los escándalos políticos. Y de esos, Javier Milei no se priva de uno solo.
La promesa fundacional “anticasta” se desvanece aceleradamente ante la falta de transparencia en la función pública y la acumulación de expedientes judiciales que erosionan el relato del mileísmo y lo peor es que “empareja a todos los militantes” de ese partido que han demostrado ser “más de lo mismo”.
En Santa Cruz tenemos a Jairo Guzmán, que antes de nacer político ya tenía un veraz negativo como funcionario nacional (PAMI), luego como representante de LLA en Santa Cruz mostró su lado oscuro (repartiendo dinero a manos llenas en Caleta Olivia) y como diputado mostrando cero productividad y un patrimonio de casi un millón de dólares que nadie sabe de dónde sacó, como OPI Santa Cruz lo destacó en varios informes.
A nivel nacional el modelo se repite (o Guzmán repite el modelo nacional); las investigaciones por sobreprecios y fraude a la administración pública en áreas estratégicas (como ARSAT o la ANDIS) han colocado a la “corrupción” al tope de las preocupaciones ciudadanas, solo amortiguadas por la situación económica relativa como es una inflación (a mi criterio) forzada y dibujada y una microeconomía que no despega.
La reciente detención en Bolivia del delincuente-consultor Fernando Cerimedo es devastadora. Acusado de tentativa de femicidio contra la abogada Nadia Beller, el caso destapó paralelamente graves denuncias de encubrimiento y espionaje vinculadas a la esfera de poder e hizo que la diputada Lemoine y el propio Presidente defendieran públicamente a este nefasto personaje, sin olvidar la gente la defensa irrestricta del presidente a su ex vocero presidencial Manuel Adorni y a Espert, entre otros.
La permanencia de funcionarios cuestionados en el gobierno socava la autoridad moral que le exige a la sociedad para soportar el ajuste. La gente ve que entre el decir y el hacer hay mucha distancia y por lo tanto, a mi criterio, el presidente Milei está perdiendo la ficha más valiosa que tuvo desde el principio: la confianza pública.
El mayor peligro para Milei es que el reloj corre en su contra. La línea de no retorno se cruza exactamente cuando el núcleo social duro deja de justificar las falencias a través de “la herencia recibida” y responsabiliza de lleno a la gestión actual, como está ocurriendo hoy.
La decepción, a diferencia de la bronca que motorizó su llegada al poder, es un sentimiento político profundamente paralizante. A medida que se calienta el clima para el ciclo 2027, revertir un daño a la credibilidad de esta magnitud requeriría una recuperación económica tangible inmediata con reflejo en las economías familiares y el comercio y purgas institucionales ejemplares, ninguna de las cuales parece estar en la agenda a corto plazo.
Hoy la sensación es que hay un abismo entre el relato oficial y la realidad judicial (caso Cerimedo, Adorni, Espert) que son “casta pura” y paralelamente el ajuste asfixia a una sociedad que observa cómo la corrupción es tolerada y por lo tanto, el contrato social se está rompiendo porque socialmente la paciencia está llegando a su fin ya que a tres años de gestión los bolsillos de la clase media y media baja siguen vacíos y los grandes capitales, son beneficiados por el propio Estado, el cual en algunos casos los hace sus socios. La excusa de que la rueda de la producción reactivará la economía y derramará, se hace difícil de deglutir para la gente que necesita sobrevivir al ajuste, al aumento liberado de los combustibles, los impuestos, los servicios etc y con jubilaciones y salarios prácticamente congelados.
El espejismo macroeconómico y el fango político son una mezcla que cada vez convence menos y está generando la tormenta perfecta que amenaza la estructura oficialista en la mayor parte del país y podría devolvernos lo peor de la política nacional, reescribiendo la historia de Mauricio Macri cuando hizo posible la vuelta de Massa, Fernández y Cristina.
No la ven ¿No la ven?
El mayor riesgo para Javier Milei no radica únicamente en los escándalos que cercan a su entorno, sino en el peligroso autoengaño de creer que la paciencia social es infinita.
Confiar ciegamente en que las clases media y baja tolerarán un ajuste indefinido a cambio de un “derrame” postergado a cuatro u ocho años (según lo ha expresado, alentando su reelección) revela una desconexión crítica del gobierno con la calle.
Las variables macroeconómicas pueden esperar en una planilla de cálculo, pero el bolsillo y las necesidades básicas de la sociedad no tienen margen para promesas a largo plazo. Cuando la ilusión del sacrificio colectivo se agota y el alivio no llega, la factura política no espera a las urnas del futuro: se cobra en el presente y sin derecho a apelación.
El gobierno parece olvidar que el hambre y la asfixia económica no entienden de plazos teóricos. Pretender que la sociedad postergue su subsistencia a la espera de un derrame prometido a casi una década de distancia, es jugar con fuego.
Cuando por parte de la sociedad el sacrificio deja de percibirse como un puente hacia el progreso y pasa a sentirse como una condena sin horizonte, la línea de no retorno ya se ha cruzada. (Agencia OPI Santa Cruz)
